Del proteccionismo de Balaguer al oportunismo de sus sucesores: Deterioro de la visión ambientalista en República Dominicana
La República Dominicana ha experimentado transformaciones significativas en su enfoque hacia la gestión ambiental desde la era de Joaquín Balaguer hasta la actualidad. Las políticas proteccionistas implementadas durante los gobiernos de Balaguer contrastan marcadamente con las prácticas de sus sucesores, quienes han priorizado un desarrollo económico desregulado, a menudo en detrimento de la conservación del medio ambiente y los bienes públicos.
Visión de Balaguer: Infraestructura y Conservación Ambiental
El doctor Joaquín Balaguer, quien gobernó el país en diferentes períodos (1966-1978 y 1986-1996), implementó políticas orientadas a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo de infraestructuras sostenibles. Durante su mandato, se crearon importantes espacios verdes en Santo Domingo, como los parques Mirador Sur, Mirador del Este y Mirador Norte, además del Jardín Botánico, el Zoológico Nacional y el Acuario Nacional. Estas áreas protegidas no solo ofrecieron espacios públicos para el esparcimiento, sino que también contribuyeron a la preservación de la biodiversidad en la capital.
En el ámbito legislativo, Balaguer promulgó la Ley 94 de 1966, que prohibió la extracción de arena de las playas para evitar su erosión y garantizar su uso público. Asimismo, implementó medidas para proteger los bosques, limitando la actividad de los aserraderos y promoviendo el uso de madera importada tratada, con el objetivo de prevenir la deforestación masiva. En términos de gestión hídrica, sus políticas elevaron la producción de agua potable de 30 millones de galones diarios a 400 millones en 1992, un incremento del 1,300%. Este logro se atribuye, en parte, a la reubicación de comunidades vulnerables asentadas en zonas de riesgo, asegurando así la protección de las fuentes de agua.
Balaguer también mostró interés en la conservación marina, evidenciado en la creación del Santuario de Mamíferos Marinos, que abarca las costas de Samaná, Miches, Nagua y Cabrera, protegiendo especies como las ballenas jorobadas y otras especies marinas.
El Oportunismo de los Gobiernos Posteriores: Privatización y Explotación de Recursos
Tras la salida de Balaguer del poder en 1996, con la llegada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) liderado por Leonel Fernández, se inició una nueva etapa caracterizada por la apertura al capital privado y la privatización de empresas públicas. Aunque el país experimentó avances en infraestructura, como la construcción de túneles, elevados, circunvalaciones y el Metro de Santo Domingo, estos proyectos estuvieron marcados por sobrevaluaciones, especulación inmobiliaria y casos de corrupción.
Los terrenos cercanos a estas nuevas infraestructuras fueron adquiridos por empresarios y políticos vinculados al gobierno de turno, incrementando artificialmente su valor y beneficiando a unos pocos en detrimento del interés colectivo. La privatización de playas, la titulación irregular de áreas protegidas y la falta de regulación en la explotación de recursos naturales han agravado la situación ambiental del país.
Un ejemplo claro de esta política oportunista es el caso del Farallón de Santo Domingo Este. La Avenida Ecológica, concebida como un corredor verde, ha sido invadida y fragmentada por intereses privados. Áreas verdes del Estado han sido vendidas a empresarios para la construcción de estaciones de combustibles y proyectos comerciales, con la complicidad de las autoridades municipales, quienes han legalizado estas transacciones mediante vistas públicas y aprobaciones de uso de suelo. Mientras tanto, las autoridades desalojan a familias de escasos recursos que ocupan terrenos en áreas protegidas, facilitando simultáneamente permisos de construcción para proyectos comerciales en zonas de alto valor ecológico.
Santo Domingo Este es rico en recursos naturales; sin embargo, las políticas gubernamentales actuales dificultan su desarrollo sostenible. Es imperativo reforzar las leyes de protección ambiental, aplicar sanciones severas contra quienes explotan recursos naturales de manera indiscriminada y garantizar la participación ciudadana en la planificación territorial. Solo así se podrá frenar el oportunismo político y promover un desarrollo que beneficie a todos, sin comprometer la riqueza natural del país.
